La campaña de presión por el conjunto de irregularidades cometidas en la instalación del Metropolitano, popularizada en el Twitter como #lentopolitano, es un buen ejemplo de cómo un grupo de personas expresa una inquietud con sencillos recursos y logra cierta repercusión. Esa suerte de twitterolazo se da luego de meses y años de consultas y cuestionamientos que casi siempre han tenido respuestas elusivas, y que ahora parecen fortalecerse a despecho de la popularidad de Castañeda Lossio. El impacto ha sido posible porque el alcalde, como dice Patricia Del Río, ha abusado de la paciencia y la generosidad de la gente que, a pesar de todo, lo ubica entre los favoritos para las elecciones presidenciales del 2011. Pero también porque se trata de un asunto concreto y tangible, el indecible transporte que padecemos a diario en la ciudad.

Pero hay otras demandas legítimas de diferentes sectores de la sociedad civil que no alcanzan el mismo consenso, porque tratan materias más científicas, enredadas o ambiguas. Sin embargo, implican también la prestación de un servicio que no satisface necesidades de un sector de la población como salud, alimentación, entretenimiento o el manejo de la cosa pública. Hablamos de la investigación amañada del caso Petroaudios; la pretendida circulación de los productos transgénicos, ajena a la incertidumbre de sus efectos y libre del etiquetado que los consigne como tal; o el intento de un programa televisivo de retomar personajes discriminatorios que el humor disimula.

Difiere el nivel de gravedad, pero la esencia se comparte: una situación que involucra potencialmente a la sociedad en su conjunto, que la expone a la voraz corrupción, el eventual agravamiento del transporte, el riesgo de afectar la salud de los consumidores y el reforzamiento a través de los medios masivos de estereotipos que nos atrasan como nación. Se trata de una fricción entre el derecho de exigir un buen servicio de los usuarios/consumidores (que además nos convertimos en empleadores si se emplean fondos públicos) y los intereses del poder económico y/o político. En ella es crucial la labor, entre otras instancias, de instituciones como ASPEC y Lundú, y activistas como Wilfredo Ardito, que son voces de alerta cuando se afecta el bienestar público, el cual se supone, y poco se cumple, debemos buscar como colectividad.

¿Por qué hay mayor resistencia al reclamo por contenidos tan grotescos como El Negro Mama y La Paisana Jacinta? ¿Es que todos los televidentes deben contemplar pasivamente la deplorable programación que, en su mayoría, emite la televisión peruana, ese sector tan o más venal que, digamos, los transportistas que acumulan miles de papeletas y después, para no pagarlas, paralizan la ciudad que envenenan y tiñen de rojo a diario? La gestión ni siquiera llegó de parte del Estado, que podría ser más discutible, sino de una entidad tan privada como Frecuencia Latina, con la diferencia de que Lundú es una asociación cultural y la otra es una empresa de comunicación.

Así como sólo a la fuerza las autoridades mejorarán su accionar, sólo una actitud vigilante y reclamona podrá arrancarle algo de calidad a los medios radiodifusores que, dicho sea de paso, también explotan una propiedad del Estado, el espacio electromagnético. En todo caso, las principales críticas a la campaña de Lundú provienen de figuras televisivas, que son parte de la misma maquinaria que ofrece un precarísimo trabajo al público, porque la consigna invariable es hacer "lo que le gusta a la gente".

(Foto: Ronald Gonzales)