Como lo ilustra genialmente Andrés Edery, el affaire 1097, la vergonzosa promulgación del decreto legislativo que pretendía dejar libres a militares acusados de graves violaciones a los derechos humanos, y los efectos inmediatos de la renuncia del escritor Mario Vargas Llosa a la presidencia de la Comisión Encargada del Lugar de la Memoria, constituye uno de esos episodios límite de la política peruana en que la farsa que la caracteriza esencialmente no puede sostenerse más y cede resignadamente a hacer lo correcto, como última opción, luego de una serie de dislates y despropósitos jurídicos y políticos.

El segundo gobierno de Alan García estaba entrando al último tramo de su periodo con mayor suerte de la que merece, ya que las consecuencias de su gestión, inclinada a favorecer a los grandes intereses privados y colmada de casos de corrupción, sólo se habían manifestado principalmente en la nula opción de acceder a la alcaldía capitalina o la presidencia de la República en las próximas elecciones. Fuera de eso, en realidad no se divisaban sobresaltos significativos en el camino a julio del 2011, llevando en el pecho la medalla del crecimiento económico, sostenido aunque desigual. Y hasta don Mario había sido bastante generoso y hacía como que no llegaban a sus oídos los detalles del día a día gubernamental, aceptando gustoso presidir dicha comisión que debe ayudar a la sociedad peruana a procesar el horror de la violencia política que vivió el país.

Pero García Pérez tiene un sesgo autodestructivo, el mismo que le hace cobijar a ministros terribles como Octavio Salazar, Aurelio Pastor o Rafael Rey. Y justamente éste último fue el instrumento para esta maniobra que quiso ser audaz pero que a la larga ha resultado una notable torpeza, porque como Vargas Llosa dice en su carta "sólo va a traer desprestigio a su gobierno". Para colmo, la renuncia no ha tenido como escenario el territorio peruano, sino que la ha enviado desde París, por lo que adquiere mayor difusión internacional y amplifica la onda expansiva.

Todo ocurre en medio de una campaña municipal muy ideologizada, tensa y disputada, trajín que ha querido ser aprovechado con la esperanza de que la opinión pública esté distraída y no reaccione oportunamente. Lo irónico es que uno de los ejes de esta elección limeña es el jaloneo interesado y también contraproducente de unos desesperados medios de comunicación respecto de una candidatura, la de Susana Villarán, en el sentido de que es tributaria de posiciones radicales y extremistas, y que no es una opción razonable ni equilibrada ni sólidamente democrática.

Pues bien, esa misma dicotomía se vuelve contra la administración de García, con la diferencia que en su caso ha sido mucho más palpable la cercanía de algunos directos beneficiarios de la norma con los funcionarios claves para su elaboración, promulgación y justificación, como el ministro de Defensa, Rafael Rey, y el inadecuado presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso, el fujimorista Rolando Sousa. Esa proximidad y, en la práctica, coautoría del decreto legislativo, sólo evidencia que el gobierno no cree en la justicia ni en el Estado de Derecho, y que está dispuesto a asumir como suyas agendas y aspiraciones nada democráticas y hacer concesiones a sus interlocutores. El portazo de Vargas Llosa y la reacción veloz del Ejecutivo, que ahora urge al Parlamento para liquidar su propio engendro, únicamente aporta patetismo a una situación bastante tragicómica y que se concentra en Rey, tanto como la del ex ministro Pastor cuando el indulto "humanitario" a José Enrique Crousillat, que aún sigue prófugo de la justicia, se desdibujó y le explotó en las manos.