El Festival Internacional de Cortometrajes de Cusco (FENACO) informa sobre la demanda de amparo que la Asociación Cultural Delluc, organizadora del festival, presentó contra el Consejo Directivo del Conacine que terminó sus funciones en enero de 2010, "en defensa de los derechos a la igualdad y no discriminación, a elegir y ser elegidos, al debido proceso y a los derechos culturales; y al respeto de los derechos fundamentales interdependientes".

¿Qué ocurrió? Todos los años en enero la comunidad cinematográfica elige a los integrantes del Consejo Directivo de Conacine. Como se sabe, participan en él, de acuerdo a la vigente ley 26370, representantes de la exhibición y distribución, los cuales, durante década y media de historia del ente oficial del cine peruano, siempre han pertenecido a las empresas comerciales, aquellas que han convertido la cartelera peruana en una de las menos variadas y más pobres de América Latina y apabullante vitrina del producto hollywoodense.

Sin embargo, no hay norma alguna que impida que postule a la representación de la exhibición alguien que se dedique a la exhibición cultural. Por ello, con miras a la elección del 2010, la Asociación Delluc se inscribió en el Registro Cinematográfico de Conacine como exhibidora cultural, y luego presentó la candidatura de su representante Tonanieva Puertas. Entonces, en vísperas de la elección, el Consejo Directivo saliente, con la firma del representante de los exhibidores comerciales -haciendo de juez y parte-, tachó la postulación, que había sido impugnada por las empresas Cinemark y CinePlanet, y anuló la inscripción de la Asociación Delluc del Registro Cinematográfico.

Se apeló a razones insostenibles, como que "no se podía demostrar" que la Asociación Delluc hacía el Festival FENACO -que se realiza desde el 2004 y con auspicios de Conacine por varios años-; que no posee sala alguna, por lo que "no exhibe" sino sólo "programa"; y que Inés Agresott, directora de Delluc y FENACO, era extranjera, cuando en realidad la candidata era Puertas, cuya nacionalidad peruana está fuera de discusión.

Cabe precisar que, efectivamente, los directivos de Conacine, de acuerdo a la ley, deben tener nacionalidad peruana. Sin embargo, en años anteriores la informalidad de la institución y la desidia de la comunidad cinematográfica permitieron que representantes de los exhibidores y distribuidores comerciales fueran extranjeros, de nacionalidad mexicana (Héctor Rosas), argentina (Héctor Viviano) y colombiana (Brian Pritchett). Por lo que más aún el exceso de celo con la nacionalidad de Agresott es especialmente falaz.

La demanda de amparo interpuesta por la Asociación Delluc, presentada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en abril pasado y apelada ante su negativa inicial, ha sido aceptada el 4 de octubre por el Primer Juzgado especializado en lo Constitucional, de la Corte Superior de Justicia de Lima, firmada por el juez Dr. Carlos Solano Tenorio, y la Dra. Deysy G. Montesinos Baca. Ya se ha notificado a los involucrados en dicha decisión, la cual buscó limitar el derecho de la exhibición cultural de estar representada en la directiva del ente rector de la cinematografía peruana.

Por supuesto, la infeliz resolución de Conacine tuvo como telón de fondo el debate de los proyectos de ley de cine que data de junio del 2009, que ha girado básicamente en torno de cómo afrontar la influencia de las Majors, o sea las trasnacionales de Hollywood, encarnadas por las distribuidoras y sus socias subordinadas, las cadenas de exhibición comercial.

Esperemos que en esta oportunidad el Poder Judicial revierta este acto injusto y arbitrario, para que el Conacine empiece a manejarse de acuerdo a la ley y se encamine a ser un organismo auténticamente representativo de la diversa cinematografía peruana, respecto de lo cual hubo también recientemente un claro comunicado de un conjunto de cineastas regionales, que han tenido permanentes dificultades para inscribirse en Conacine y participar de sus concursos y demás actividades.